05/03/2016

RECONOCIMIENTO DE NUEVAS VÍCTIMAS EN UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Antecedentes

Frente a las preocupantes cifras de violencia de género actuales y el mantenimiento de una situación jurídica y social que no halla respuesta a una intervención eficaz sobre la problemática señalada, nace el siguiente artículo. Se estima que 800.000 niños y niñas en toda España sufren las consecuencias de la violencia de género. La violencia de género debe ser considerada como un ciclo de violencia instaurado en el sistema familiar, del que no solo la mujer es la víctima, también los menores. La exposición a esta violencia tiene un impacto negativo evidente en su vida, bienestar y desarrollo.

La situación de violencia de género se extiende y se mantiene en situaciones posteriores a la separación y/o divorcio, tales como son las custodias y régimen de visitas que se establecen por parte de los menores con el agresor de la madre de éstos.

Nuestro sistema actual carece de una regulación legal específica y una intervención estandarizada así como organismos especializados que sepan gestionar y actuar frente a estas situaciones, salvaguardando el bienestar del menor. En consecuencia, un reto importante en las sociedades occidentales es ofrecer una respuesta eficaz y eficiente que garantice la atención a los y las menores expuestos a violencia de género, tanto durante el periodo de convivencia como una vez finalizado éste.

Objetivos

- Destacar la realidad de una ausencia de estudios, datos y legislación específica o protocolos de intervención estandarizados por parte de los organismos públicos, tanto en el ámbito judicial como en el social, que visibilicen a los menores como víctimas en una situación de violencia de género.
- Situar al menor como víctima en la violencia de género, como sujeto que requiere de asistencia y protección dado que su desarrollo se ve afectado y sus derechos vulnerados. Subrayar la necesidad de una intervención posterior tras la separación y/o divorcio.

Metodología

El presenta trabajo se ha llevado a cabo realizando una revisión bibliográfica de artículos, noticias así como los textos legales relevantes que atañen a la temática escogida. Asimismo, se ha realizado una revisión teórica breve.

Resultados

En las situaciones en que los niños y niñas asisten a episodios de violencia, podemos considerar que ésa es una forma de maltrato emocional cuyas consecuencias pueden incluso sentirse en diferentes áreas del desarrollo evolutivo. Viven en un entorno donde las relaciones violentas y el abuso de poder que justifica, legitima y desencadena esa violencia como parte de las relaciones afectivas y personales constituyen la forma de relacionarse diariamente. Atendiendo al texto legal, la Ley Orgánica del 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género establece que las situaciones de violencia sobre la mujer afectan también a los menores que se encuentran en su entorno familiar, víctimas directas o indirectas de esta violencia. Vivir en una familia donde la madre es maltratada significa la exposición a situaciones de opresión y control y a un modelo de relación basado en el abuso de poder y la desigualdad.

Por tanto, la exposición a la violencia de género, puede ser conceptualizada como una forma más de maltrato infantil. Para ello, nos atenemos a la definición de la Organización Mundial de la Salud que lo define como “todas las formas de maltrato físico y o psicológico, abuso sexual, tratamiento negligente o comercial u otra forma de explotación que cause o pueda causar daño a la salud de los niños y niñas, a su supervivencia o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder”.

Por otra parte, la reciente ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia visibiliza a los menores como víctimas en tales situaciones y aumenta la protección legal de los menores. El primer obstáculo se muestra en la falta de datos. No hay ninguna estadística que recoja el número de menores afectados por violencia de género.

Este reconocimiento de los menores como víctimas directas conlleva que los jueces deban pronunciarse sobre ellos en las medidas cautelares que se impongan tras una denuncia. Consecuentemente, se propone suspender el régimen de visitas o la tutela con el fin de realizar una valoración del colectivo familiar. En este punto, encontramos el segundo obstáculo: la ausencia de un proceso penal que abarque los casos más graves de violencia de género. Por tanto, se actúa como en un proceso de separación normal. Esto supone que en los intercambios de visitas o en los contactos y comunicación que se mantiene para la crianza de los menores, el maltrato continúa.

Al regularse las visitas a través de un punto de encuentro familiar y no intervenir sobre el sistema familiar de forma adecuada, no se interviene en la relación materno filial. Se ha de tener en cuenta que ésta también ha quedado muy deteriorada tras una convivencia caracterizada por situaciones de violencia de género. Como alternativa se propone facilitar dispositivos diferenciados de los puntos de encuentro dependientes de los juzgados de violencia de género para la intervención en casos de violencia donde la mediación no es viable. Los puntos de encuentro no disponen de recursos adecuados para los casos de violencia en los que el niño o niña puede ser víctima de manipulación y presiones por ambos progenitores.

Los menores son tratados como objeto de protección, no como sujetos de derecho. No se informa, acompaña o escucha a los niños y niñas en el proceso. El sistema judicial toma medidas que van a afectar la vida de estos menores sin evaluarlos en ningún momento.

Por otra parte, se señalan carencias a nivel social que permitan intervenir sobre los menores tras la violencia de género. Es necesario restablecer el equilibrio, reeducar sobre esa experiencia de la agresión y prevenir la posible reproducción de esa violencia, con el fin de no perpetuar un modelo de relación autoritaria y sumisa. Asimismo, en los casos de acogida y adopción (por parte de la familia biológica), en los que se desjudicializa el proceso y actúa la administración se debe seguir interviniendo con estos menores. Ésta debe ir dirigida a la experiencia vivida de violencia de género así como la adaptación en familias de acogida o adopción, recurso que se plantea como solución al problema para evitar la situación actual de que los menores permanezcan en un centro. Actualmente, tanto el proceso judicial como la intervención social suponen una victimización secundaria. En el primer caso, se subraya la toma de declaración al menor como prueba preconstituida. Ésta es una medida de protección a los niños o niñas víctimas de violencia que debería establecerse de forma obligada y no ser de cumplimiento facultativo por parte del juez. La toma de declaración del menor por parte de un profesional formado y en unas condiciones protectoras no sólo impide la victimización secundaria sino que garantiza el pleno respeto a los derechos del niño como víctima, posibilitando las condiciones óptimas para su declaración.

Conclusiones

- Son necesarios estudios de calidad que muestren cifras reales y faciliten el diseño y la implementación de programas de intervención posteriores a la separación y/o divorcio por denuncia de violencia de género en referencia a los menores.

- La violencia contra la mujer, y la consiguiente exposición a ella, sucede durante la convivencia y tras la separación. Se debe tener en cuenta los efectos negativos del régimen de visitas, atendiendo a signos que nos indique la posibilidad de manipulación en los menores o la existencia de acoso tras la ruptura de la pareja.

- La existencia de una legislación adecuada, protocolos de actuación conjunta y la interrelación de las disciplinas siguientes: psicología clínica, legal, forense, criminología, mediación y derecho garantizará una intervención coordinada interdisciplinar e interinstitucional eficaz por parte de la administración y técnicos expertos en la materia.

- El sistema de protección a la mujer no contempla a los niños y niñas como víctimas de la violencia de género, lo que posibilita su victimización secundaria. Existe una falta de coordinación entre los recursos del sistema de protección a la mujer y de protección infantil.

-Existen escasos recursos terapéuticos o educativos específicos para los niños y niñas. Existen muy pocas comunidades como la Comunidad Valenciana o Cataluña donde haya educadores dentro de los centros de acogida para mujeres víctimas de violencia de género que den seguimiento a sus hijos e hijas, y muy pocos programas de tratamiento y apoyo psicológico para éstos.

Referencias bibliográficas

- Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medias de Protección Integral contra la Violencia de Género. - Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. - A.Sepúlveda García de la Torre (2006) La violencia de género como causa de maltrato infantil”. Cuad.Med.Forense, 12, 43-44. - Ordóñez M.P y González P. (2012) Las víctimas invisibles de la violencia de género. Rev Clín Med Fam, 5 (1), 30-36.


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